Abinader nombra a Rafael Santos Badía al MESCyT y a Geraldo Espinosa Pérez como contralor

SANTO DOMINGO. – El presidente de la República, Luis Abinader, realizó una serie de nombramientos en áreas estratégicas del Estado mediante el Decreto núm. 84-26, destacando la designación de Rafael Evaristo Santos Badía como nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y de Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República.

Santos Badía se desempeñaba hasta ahora como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE) y técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Además, posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como en Relaciones Internacionales por la UTE. Cuenta con amplia trayectoria como docente y especialista en el ámbito sindical y del tripartismo dominicano. Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y participó en la formulación del Plan Decenal de Educación. También ha sido miembro de órganos directivos del INFOTEP y del sistema de seguridad social del magisterio, y es autor del libro Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana. Ha recibido distinciones como la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero.

Por su parte, Geraldo Espinosa Pérez, licenciado en Contabilidad por la UASD con especialización en Tributos Internos y máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, además de un MBA con concentración en Operaciones por la PUCMM, asume la Contraloría General de la República. Con más de 24 años de experiencia en el sector público, Espinosa Pérez se encargará de fortalecer los sistemas de control y supervisión del gasto estatal, promoviendo eficiencia administrativa, transparencia y correcta ejecución presupuestaria.

El decreto presidencial deroga disposiciones previas relacionadas con estas funciones y fue remitido a las instituciones correspondientes para su ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.